24 de marzo: Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Por Carolina Betique*
“Los intereses del país no sólo se defienden en la universidad, y por esa razón es que hoy nos planteamos defender el proceso institucional en el país como forma de defender la soberanía popular”, indicaba un comunicado de estudiantes paranaenses publicado en El Diario el 24 de marzo de 1976. Seguramente redactado el día anterior, el aviso convocaba a distintos sectores sociales a unirse en un plan de emergencia para sostener la democracia. Pero la iniciativa llegó tarde. A las 03:22 había resonado la marcha militar por cadena nacional y Argentina ya estaba bajo el “control operacional” de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas.
El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional “no nos tomó totalmente de sorpresa”, asegura Susana Celman, ex alumna y docente jubilada de la FCEDU, en “De Golpe. 40 años” un informe producido por la ARC y Radio UNER. Previo al Golpe, gran parte de la ciudadanía coincidía en que debíamos uniformarnos para superar el caos económico, la crisis de autoridad política y el terror cotidiano que infundían grupos guerrilleros y la Triple A. Otros, entre los que se contaban alumnos y profesores de la UNER, resistían participando activamente, no en incendios con bombas molotov, sino en debates y asambleas. Allí se formulaban preguntas y ensayaban respuestas, delito por el que fueron perseguidos cuando asumió el gobierno de facto.
Para imponer el disciplinamiento social e implantar un modelo de acumulación neoliberal, los dictadores se valieron de las doctrinas de seguridad nacional y de libertad de empresa. En ese marco, emprendieron una lucha por el poder cultural y, en palabras de la profesora Delfina Doval, “transformaron el sistema educativo en uno de los principales escenarios de la cruzada”.
Restringir
Las políticas de vigilancia ideológica a mano armada en la Facultad datan de 1974. Ese año la unidad académica se integró a la UNER y María Irene Martín fue designada decana normalizadora. En la jornada de asunción, preludio de la violencia que sería recurrente hasta 1983, la policía detuvo a 51 estudiantes que ocupaban el edificio. Identificados con la izquierda marxista y el nacionalismo popular de la época, los alumnos defendían el proyecto pedagógico ligado a la militancia revolucionaria que Susana Froy de Boeykens había consolidado en la gestión precedente. Como la nueva autoridad respondía al peronismo ortodoxo, entendían que la formación de profesionales comprometidos con la liberación de los pueblos latinoamericanos estaba amenazada.
Tanto Martín como los interventores que la sucedieron en el cargo, Juan Luis Almará durante 1975 y Carlos Uzín desde 1976 hasta el final del Proceso, apelaron a educar técnica y acríticamente. A tal fin, fueron cesanteados docentes de cátedras clave y grupos intelectuales afines al régimen militar cubrieron las vacantes. Como correlato de la purga, en los programas se reemplazaron presuntas teorías subversivas por filosofía tradicional y enfoques psicopedagógicos individuales.
En cuanto al alumnado, éste fue separado del cogobierno universitario y nóminas de suspendidos fueron periódicamente colgadas en la puerta de la FCEDU. Se establecieron, asimismo, pautas de admisión en las carreras. “Como primera medida, se realizaba un exhaustivo control de las fichas de los aspirantes y se requirió, entre otras cosas, un certificado policial de buena conducta”, detalla el artículo Historia de la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná (Argentina), 1973-1983. A nivel nacional, se implementaron exámenes y cupos de ingreso a partir de 1977 y, desde 1981, el arancelamiento.
Por otra parte, el movimiento estudiantil de la institución fue acallado y reprimido. Muchos jóvenes fueron apresados y tres mujeres, asesinadas. Alicia Ramírez fue fusilada embarazada en 1976 y Ana María Carolina Araujo, detenida y vista por última vez en 1978. Ambas habían sido expulsadas de la Facultad en 1974 debido a que, según informaciones oficiales, estaban prófugas y con semi plena prueba de desarrollar actividades delictivas. Mabel Fontana, la otra desaparecida, ya estaba recibida cuando la secuestraron en 1977.
Censurar
Carmen Aguiar se graduó en 1975 y tuvo prohibido el ingreso a la FCEDU hasta 1983, año en el que la convocaron para trabajar en biblioteca. Allí, “vi que los libros con los que había estudiado no estaban”, comenta en el Capítulo 468 de la ARC. En efecto, la bibliografía incorporada durante la gestión de Froy de Boeykens había sido eliminada simbólica y físicamente durante la dictadura.
En Rebeldes y Ejecutores, Daniel Enz afirma que Uzín recurrió a “una quema pública e histórica -por lo inadmisible-” para destruir las obras. En contraste, el equipo de investigadores liderado por Carolina Kaufmann que redactó Dictadura y Educación concluye que éstas fueron ocultadas en un sótano bajo los anaqueles, con la excusa de una transferencia a la Biblioteca Central de la UNER que nunca se produjo. Hay quienes atestiguan que los textos fueron cargados en un vehículo perteneciente al rector. Sin embargo, otra versión dice que el decano normalizador los rompió en el escondite. Lo que está claro: los materiales fueron censurados.
En línea, en todo el país se sacaron de circulación muchas publicaciones y otras tantas fueron corregidas a criterio oficial. Los chicos, por ejemplo, no tenían en sus manuales escolares espacios disponibles para opinar ni fábulas con animales personificados para leer (porque una irreal tortuga hablante naturalmente se oponía al sistema). Decenas de esos casos fueron presentados en la exposición “40 años del Golpe (1976-2016). Libros prohibidos para niños y jóvenes” que tuvo lugar en Paraná en noviembre de 2016. La asociación bonaerense La Nube, la Secretaría de Extensión y Cultura de la Facultad, la EDUNER y el Museo Histórico Martiniano Leguizamón llevaron adelante la organización. Paula Gonzalvez, estudiante de Comunicación Social que participó como guía, valoró las instancias de diálogo y el “ejercicio de la memoria” que propició la muestra.
Educar
A partir de 1994, estudios pioneros sobre las influencias de la dictadura en la educación argentina fueron realizados en la FCEDU por las profesoras Kaufmann y Doval. Al respecto, esta última indicó: “Asumimos un compromiso con la memoria pero también con la historia, en el sentido de que iniciamos una línea de investigación historiográfica que ha sido relevante para trabajos que se sucedieron a continuación”.
Según los resultados de las indagaciones, el régimen militar pretendió instaurar métodos de enseñanza y aprendizaje perennialistas, es decir, favorables a la reproducción social de principios e ideas coherentes con los objetivos del Proceso. La soberanía ideológica de la dirigencia se suponía custodiada por los maestros, quienes debían impartir instrucción desde arriba hacia abajo. En la edición de 2007 de Paternalismos Pedagógicos, las autoras señalan que las marcas que dejó esta pedagogía “son menos visibles que el horror” del genocidio, no obstante “son profundas e indelebles en la constitución de los sujetos que hoy habitamos las instituciones”.
Textos relacionados disponibles en Biblioteca
[gdlr_icon type=”icon-book” color=”#353535″ size=”15px” ] Kaufmann, C. y Doval, D. (1997). El perennialismo en Argentina (1976-1982): una pedagogía de la renuncia. Facultad de Ciencias de la Educación: Paraná.
[gdlr_icon type=”icon-book” color=”#353535″ size=”15px” ] Kaufmann, C. y Doval, D. (2007). Paternalismos pedagógicos. Laborde: Rosario.
[gdlr_icon type=”icon-book” color=”#353535″ size=”15px” ] Kaufmann, C. et al. (2001). Dictadura y educación. Tomo 1: Universidad y grupos académicos argentinos (1976-1983). Miño y Dávila: Madrid.
[gdlr_icon type=”icon-book” color=”#353535″ size=”15px” ] Kaufmann, C. et al. (2003). Dictadura y educación. Tomo 2: depuraciones y vigilancia en las universidades nacionales argentinas. Miño y Dávila: Madrid.
[gdlr_icon type=”icon-book” color=”#353535″ size=”15px” ] Kaufmann, C. et al. (2006). Dictadura y educación Tomo 3: Los textos escolares en la historia Argentina reciente. Miño y Dávila: Buenos Aires.