Desde el Comité Ejecutivo del Consejo de Decanas y Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas (CODESOC) queremos unir nuestra voz a aquellas que denuncian el vaciamiento y los despidos en los Equipos de Trabajo de los Sitios de Memoria dependientes de la Secretaría de DDHH de la Nación y que se ubican en diferentes provincias del país. Asimismo, consideramos que la falta de presupuesto para actividades, la suspensión de obras de infraestructura y la ausencia de funcionarios responsables en la Dirección Nacional de Sitios lesionan el derecho democrático establecido en la Ley de Educación Nacional a conocer, investigar y educar sobre el pasado reciente en nuestro país.
Desde hace ya dos décadas, se empezó a dar en Argentina un proceso de apertura, conservación, pedagogía y gestión de los lugares que fueron parte del exterminio perpetrado por las dictaduras de las décadas de 1970 y 1980. A lo largo de este período, se conformaron equipos de trabajo con compromiso con la tarea y formados muy específicamente para dar con los requerimientos que le ley de sitios (Ley Nacional 26.691/2011) dispone.
Estos sitios son prueba de los crímenes de lesa humanidad allí perpetrados; aportan a la reparación simbólica de las víctimas, de la sociedad en su conjunto. Estos lugares, además de ser prueba material de los crímenes de lesa humanidad, son sitios en los que se recuerda a las personas detenidas-desaparecidas y aportan a la formación en Derechos Humanos de toda la ciudadanía.
Asimismo adherimos a la preocupación que expresa el comunicado de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del 22 de Julio de 2024 sobre la eliminación del Equipo de Relevamiento y Análisis Documental de los Archivos de las Fuerzas Armadas (ERyA) del Ministerio de Defensa, el desmantelamiento del Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS) del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), y la discontinuidad de la mesa de trabajo que funcionaba en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) promoviendo la desclasificación de documentos de dicho organismo. Contribuye con esta preocupación el achicamiento del equipo de profesionales del Archivo Nacional de la Memoria y la falta de nombramiento de un/una directora/a de esa área que preserva fondos documentales como el de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).
También nos preocupa el despido de personal de las unidades de investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Co.Na.DI) y las negativas a colaborar por parte de otras áreas del Estado que dificultan el esclarecimiento de más de 7.000 denuncias que se encuentran en análisis en esta instancia prejudicial. Esto lesiona directamente la búsqueda y restitución de la identidad de niñas y niños apropiados durante la última dictadura.
Como señala el comunicado de la RIDDHH, el fortalecimiento de las políticas de “Memoria, verdad y justicia” es una obligación del Estado. Conocer lo sucedido, juzgar a responsables y recordar y reparar a las víctimas son la base de garantizar que los hechos no vuelvan a ocurrir. Por lo expuesto queremos expresar nuestra preocupación, dar cuenta de nuestro apoyo a los equipos de trabajo y a los espacios para la memoria y solicitar que se haga lo que sea necesario para que se reincorporen las personas despedidas y se apoye el trabajo de estos espacios.