En una Audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas (CIDH) organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales entre las que estuvo presente REDCOM, expresaron la preocupación por el uso de la fuerza, las detenciones arbitrarias, el protocolo del Ministerio de Seguridad y la estigmatización de manifestantes y organizaciones sociales en Argentina. Además, se presentó un petitorio ante la Comisión.
La decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Aixa Boeykens, participó en su condición de presidenta de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo (REDCOM) de la Audiencia que se realizó el jueves 11 de julio.
También acompañaron la Audiencia los integrantes de Comisión Directiva de REDCOM Diego de Charras y Larisa Kejval. De Charras, a cargo de la réplica junto al abogado y profesor Damián Loretti entre otros representantes, argumentó por qué se considera que el gobierno lleva adelante una acción que tiene por objetivo obstaculizar el derecho a la protesta, criminalizar a quiénes lo ejercen y atacar específicamente al colectivo de periodistas y fotorreporteros.
En el inicio de la Audiencia Paula Litvachky, en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresó que la solicitud de la Audiencia se realizó para dar cuenta de las graves regresiones que están teniendo lugar en Argentina en relación al derecho a la protesta, así como también los riesgos que corren las personas que utilizan el espacio público para exponer sus demandas a partir de la Resolución 943/2023 que provocó que el entorpecimiento del tránsito para protestar en Argentina se haya convertido en un delito.
Litvachky planteó en la Audiencia ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos que la respuesta estatal frente a la protesta social tiene por objetivo: obstaculizar el derecho a la protesta y criminalizar a quiénes lo ejercen así como desalentar a la población en general para que no asista a protestas sociales, produciéndose así el llamado “chilling effect”, que busca “enfriar/ paralizar” la manifestación pública y la libertad de expresión.
La representante del CELS planteó que desde la asunción del actual gobierno nacional en diciembre de 2023 se degrada la discusión política haciendo del insulto una de sus principales herramientas y se limita la libertad de expresión a través del hostigamiento a trabajadores de prensa y otras personas que expresan sus opiniones en las redes sociales y medios masivos. En este contexto, expuso que el derecho a la protesta hoy está en riesgo porque el gobierno quiere terminar de instalar en la sociedad la idea de que protestar equivale a generar desorden y los manifestantes son a priori delincuentes o desestabilizadores de la democracia.
En este sentido, señaló: “La perspectiva que considera a las protestas como delitos permea todos los aspectos de las políticas del gobierno nacional, desde la comunicación pública hasta la implementación de las políticas sociales. La justificación del gobierno deja en claro que se entiende a los manifestantes como adversarios peligrosos y no como sujetos de derechos a ser protegidos”.
La representante del CELS enunció que, en la protesta del 12 de junio de 2024, la respuesta punitiva tuvo una escalada inusitada. “En la jornada de protesta 33 personas fueron detenidas de forma arbitraria. Sin pruebas, estas personas fueron acusadas de ser posibles autores de los delitos de lesiones (art. 89 CP), daños simples y agravados (184 inc. 5 CP), incendio o estrago (art. 186 CP) delitos contra la seguridad pública (art 189 bis del Código Penal), instigación a cometer delitos (art. 209 CP), intimidación pública (art. 211 CP), incitación a la violencia colectiva en contra de las personas o instituciones (art 212 del Código Penal) y organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza y el temor (art 213 bis del Código Penal). El fiscal a cargo, solicitó el dictado de la prisión preventiva con la mera justificación de poder llevar a cabo una investigación exitosa. Además de todo ello, las personas detenidas fueron trasladadas de inmediato a cárceles federales, trato que no es habitual en el contexto de sobrepoblación carcelaria”, describió.
Otro de los aspectos que se enunció en la Audiencia fue cómo los funcionarios políticos naturalizan en sus declaraciones públicas el uso del término “terrorista” para hablar de personas que protestan y los acusan de intentar un golpe de Estado. En tal sentido la representante del CELS señaló: “Este corrimiento de límites impide cualquier discusión seria sobre las situaciones de violencia que podrían registrarse en el contexto de protestas, y de cómo el Estado debería abordarlas, allí donde se produjeran, respetando los principios de uso racional de la fuerza y protegiendo el derecho de otros miles de personas a manifestarse. En lugar de ello, el clima de violencia que el propio Estado alimenta se utiliza luego como excusa para disolver las protestas.
Hoy, al decidir ir a una protesta en la Argentina, debe entrar en el cálculo de cada una y cada uno la posibilidad cierta de exponerse a gases lacrimógenos, balas de goma, detenciones arbitrarias, traslados a unidades penitenciarias y acusaciones de terrorismo”, describió.
Restricción a la libertad de expresión y al trabajo del colectivo de periodistas y fotoreporteros
La secretaria General de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) Carla Gaudensi presentó una contextualización sobre los ataques específicos contra el colectivo de periodistas y fotorreporteros mientras cubren diversas protestas. “Pasados siete meses del inicio de este gobierno, más de 50 periodistas han resultado afectados por golpes o uso abusivo de armas ´menos letales´”, describió.
Además, Gaudensi lamentó la inacción del Poder Judicial que no hace lugar a las acciones preventivas tendientes a garantizar la libertad e integridad física de quienes ejercen su derecho a la protesta. Del mismo modo dio cuenta de los obstáculos para el ejercicio del derecho de acceso a la justicia de las víctimas en los procesos judiciales en los que se busca investigar las responsabilidades de funcionarios de seguridad por los hechos represivos.
Por otra parte, la secretaria General de FATPREN destacó que el presidente Javier Milei y muchos funcionarios que integran el gobierno sostienen un ataque persistente a las y los periodistas, con un sesgo fuerte de género contra las mujeres, a pesar de que los Estados deben adoptar medidas de protección en casos en los que las mujeres periodistas corren un riesgo especial de ser víctimas de violencia.
Enumeración de las regresiones normativas
La representante de CONADU Yamile Socolovsky enunció las regresiones normativas contrarias a estándares de derechos humanos que produce el Protocolo del Ministerio de Seguridad que deroga la Resolución 210, en la cual ese Ministerio había fijado en 2011 reglas de actuación policial y estatal acordes a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Ángel Borello, analizó los intentos de desmovilización e impedimentos al ejercicio del derecho a la protesta.
El abogado integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Matías Aufieri, quien perdió la visión de un ojo por el disparo de balas de gomas policiales cuando se encontraba frente al Congreso de la Nación el 1 de febrero ante el tratamiento de la Ley Bases, enumeró que en lo que va de este gobierno, las organizaciones que monitorean las protestas han registrado 665 personas con heridas de distinta gravedad en contextos de protesta aunque no hay cifras oficiales de heridos ya sea porque el gobierno no las produce o no las publica.
La respuesta del Estado argentino
Al momento de ejercer su derecho a réplica el secretario de Derechos Humanos de la Nación Alberto Baños, y el director de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad de Argentina Alberto Föhrig, rechazaron los argumentos que expusieron los representantes de las organizaciones sociales.
En sus alocuciones señalaron que el derecho a la protesta se encuentra garantizado en el país. Föhrigh expresó que se llevan adelante “las restricciones necesarias para evitar la coacción que realizan las organizaciones sociales que retacean comida a la gente pobre para obligarlas a participar”.
En relación al Protocolo consideraron que el gobierno tiene derecho a sancionar uno que esté de acuerdo con la visión del programa de gobierno.
Además, señalaron que se ha actuado ante las “protestas violentas de minorías que buscan desestabilizar al gobierno”. Por último, argumentaron que no hay cercenamiento al trabajo periodístico y que se respeta la libertad de expresión.
Petitorio ante la CIDH
En el petitorio que presentaron las organizaciones sociales ante la Audiencia solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que realice una visita al país, por sí o a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, a fin de monitorear la situación en Argentina.
Por otra parte, exhortan al estado argentino a derogar la Resolución 943 de 2023 por atentar contra el derecho a la protesta y la libertad de expresión, y a restituir la protección establecida mediante la Resolución 210 de 2011 del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Asimismo, instan al estado argentino a que derogue las normas que penalizan o sancionan a quienes participen en manifestaciones públicas
Por otra parte, requieren al estado argentino que se abstenga de utilizar herramientas legales como la ley antiterrorista para tipificar y perseguir a manifestantes y organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos por su participación en protestas.
También instan al estado argentino a que impulse la sanción de las personas responsables por violaciones a derechos humanos por el uso de la fuerza, así como que realicen la investigación de la cadena de responsabilidad estatal en estos hechos.
En otro punto exhortan al Estado a que arbitre los medios para la protección de la labor periodística y de reporteros gráficos, absteniéndose de la criminalización y persecución de los trabajadores de prensa, y garantizando un entorno seguro para el desarrollo de sus tareas
Además, solicitan al estado argentino que elabore protocolos sobre el uso de armas “menos letales” que cumplan con los estándares y recomendaciones elaborados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como por las Naciones Unidas.
También piden que se elabore un informe regional respecto del uso de armas “menos letales” en el contexto de protesta social que incluya datos sobre el uso de estas armas por parte de fuerzas de seguridad y su impacto en derechos humanos.
Y finalmente requieren al Estado argentino información de modo periódico sobre el cumplimiento de sus obligaciones y de las exhortaciones aquí requeridas.
REDCOM y la importancia de la presentación en la Audiencia
Para REDCOM resulta importante haber participado en la Audiencia Pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) junto a otros actores y organizaciones sociales, en tanto resulta indispensable desarrollar acciones y construir una voz pública colectiva que permita defender el derecho a la protesta social de la ciudadanía, rechazar los intentos de criminalización así como resguardar las condiciones laborales del colectivo de periodistas y fotorreporteros tanto en la cobertura de acontecimientos sociales como ante los distintos tipos de violencia que ejercen funcionarios nacionales y que debilitan la libertad de expresión de la sociedad.
Resulta relevante hacerlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya que este organismo tiene una trayectoria en la producción de estándares para resguardar el ejercicio del derecho a la reunión y a la libertad de expresión en la región. Asimismo, la CIDH ha relevado y sistematizado situaciones regresivas y violaciones a los derechos humanos en contexto de protesta social en diferentes países de nuestro continente.
En función de ello, desde REDCOM consideramos importante que la Audiencia realizada el jueves 11 de julio haya permitido denunciar las graves regresiones que están teniendo lugar en nuestro país con relación al derecho a la protesta, así como también los riesgos que corren las personas que utilizan el espacio público para exponer sus demandas.