La 40° Audiencia del organismo nacional comenzó el viernes 10 de mayo. Este miércoles 15 fue el turno de las regiones Centro, Noroeste y Cuyo, con modalidad virtual.
Autoridades y docentes de la FCEDU-UNER participaron de la Audiencia 2024 de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, este miércoles 15 de mayo, de manera virtual.
La decana, Aixa Boeykens, expuso en su condición de presidenta de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (Redcom). “La situación que estamos viviendo en estos últimos cinco meses pone en riesgo el derecho a la comunicación, el pluralismo y la libertad de expresión a la par que afecta el derecho a la educación y al trabajo, y con ello daña las condiciones de vida personales y colectivas de la sociedad”, expresó durante su presentación y valoró “el trabajo que realiza la Defensoría, en tanto resulta fundamental en pos de promover, difundir y defender el derecho a la comunicación democrática de las audiencias”.
Entre las principales medidas que afectan al sistema comunicacional, incluido el universitario, Boeykens mencionó la reconducción del presupuesto de las universidades públicas y los altos costos de los servicios de internet y telefonía a partir de la sanción de la desregulación de las tarifas dispuesta por el gobierno.
Además, señaló que “en cada provincia se observa cómo las y los trabajadores de prensa –gran parte de ellos egresadas y egresados de nuestras universidades– afrontan graves condiciones laborales, con salarios que se pagan a destiempo o no se pagan y con montos por debajo de la línea de pobreza junto con despidos y cierres de medios de comunicación en cada región ante la asfixia que provoca la suspensión de la publicidad estatal establecida a través del Decreto 89/2023. Este contexto no sólo debilita las condiciones laborales sino que deteriora el acceso a una comunicación plural, de calidad y favorece la concentración mediática de los grandes medios”.
Asimismo, “la situación en la que se encuentran Radio Nacional, Télam, la Televisión Pública y Contenidos S.A tiene un impacto directo en las audiencias y medios ante el apagón informativo que supone la ausencia de programación y presencia en los distintos lugares de nuestro país. Lo mismo sucede con Canal Encuentro, Paka Paka y Depor TV. La mayoría de estos medios, en especial las radios nacionales distribuidas en las diferentes regiones, tienen una fuerte inserción e identidad en sus comunidades así como en la construcción de voces y agendas propias. La restricción de la programación incide directamente en el derecho de las audiencias a contar con información plural y federal”, expresó Boyekens, y aludió tanto a la intención del gobierno nacional de privatizar los medios públicos como a los cierres del portal educativo Conectar Igualdad, de las oficinas del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la eliminación el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca).
En otro tramo de su exposición, hizo referencia a los discursos de violencia verbal, simbólica y expresiones estigmatizantes a periodistas y representantes de universidades nacionales por parte de integrantes del gobierno nacional que “dañan la credibilidad, promueven agravios y fomentan prejuicios y estereotipos que generan desinformación en la ciudadanía y alientan el crecimiento de la violencia social. En este sentido, expresamos la preocupación por el debilitamiento de la presencia y voces de mujeres y personas trans con perspectiva de género en los medios de comunicación junto con el aumento de discursos de odio. El ataque a cuatro mujeres por su condición sexual que provocó la muerte de tres de ellas y el peligro de vida de la tercera, da cuenta de la escalada de discursos de odio y ataque a la diversidad sexual y ratifica la necesidad en políticas públicas que resguarden a los feminismos y diversidades”, señaló.
Del mismo modo, Boeykens aludió a “la censura a periodistas, como la producida en Diputados TV o la restricción a la cobertura de acontecimientos públicos como la apertura de sesiones legislativas alerta sobre las restricciones a los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información”.
La situación de los medios en Entre Ríos
Por su parte, el secretario General de la FCEDU-UNER, Ignacio González Lowy, expuso sobre la situación de los medios de comunicación en Entre Ríos. “Nos preocupa que nuestros y nuestras estudiantes y egresados ven afectado su campo laboral ante el posible cierre de medios de comunicación y ante la crisis, que afecta directamente a todos los medios, no sólo públicos sino también privados, en el marco de este ajuste”, sostuvo.
En particular, se refirió luego al caso de los medios públicos. “Se está discutiendo justamente en este momento en el Senado la Ley de Bases, cuyo capítulo 12 habilita la posible privatización de los medios públicos, que en nuestro caso en la provincia incluyen a LT14 General Urquiza Radio Nacional Paraná, con 63 trabajadores; LT11 General Ramírez Radio Nacional Concepción del Uruguay, con 36; y LRA42 Radio Nacional Gualeguaychú, con 11. Son 110 personas y familias. Nos preocupan no sólo por la cuestión laboral, que obviamente es crucial, sino por la implicancia que esto tiene en la producción de contenidos federales auténticos, democráticos y plurales”.
Las radios mencionadas, dijo, se encuentran actualmente sin Direcciones porque fueron suprimidas por el gobierno a fines de febrero. Además, se han discontinuado contratos de servicios y no se ha reemplazado a trabajadores y trabajadoras que se jubilan o que están de licencia, del mismo modo que se han recortado horas extra destinadas a producción local de contenidos durante los fines de semana y los feriados, por lo que ha aumentado la presencia de enlatados o de reproducción de programación nacional.
Asimismo, “se han recortado fondos de diversos tipos que tienen que ver con el funcionamiento general, lo que hace que por ejemplo, en Radio Nacional Paraná no cuenten con el móvil porque hace dos meses que no tiene combustible y en Radio Nacional Gualeguaychú no haya dinero para el mantenimiento del predio. Por lo tanto, lo que vemos es que medios que cumplen un rol de enorme relevancia en la provincia no sólo en la cuestión informativa sino también en lo que hace a la divulgación de la cultura provincial y regional, a la difusión de artistas, de miradas políticas, de identidad local, que hacen a la construcción de la identidad entrerriana, están siendo afectados directamente en los hechos”, señaló González Lowy.
Además, sostuvo que en estos medios “se produce una profunda incertidumbre respecto a qué va a pasar si la Ley Bases avanza con este articulado en particular, más allá de las implicancias que tiene en general hacia la realidad económica laboral y social de todos y todas. Por lo tanto, desde la Facultad de Ciencias de la Educación queremos manifestar nuestra profunda preocupación por ello y porque en general, en todos los medios de la provincia se está viviendo una situación de pauperización y de flexibilización laboral que notamos en cada expresión de nuestros colegas, esgresados y estudiantes que trabajan en ellos”.
En ese sentido, señaló finalmente que en Entre Ríos “hay medios tradicionales, históricos, que no están pagando los sueldos en tiempo y forma y gran cantidad de medios pequeños que tenían en la pauta oficial, hoy recortada, parte de su posibilidad de sostenimiento, porque el mercado evidentemente no da para cubrir la diversidad y pluralidad de expresiones que existen en el espectro comunicacional de la región”.
Participación de docentes la FCEDU
A su turno, expusieron también en la Audiencia 2024 de la Defensoría del Público las docentes de la FCEDU-UNER Irene Roquel y Gretel Schneider, ambas integrantes del Área de Comunicación Comunitaria (ACC) de nuestra Facultad, quienes valoraron especialmente el espacio que brinda la Defensoría.
Roquel se refirió a la situación crítica que atraviesan las emisoras que integran la Red Entrerriana de Radios Comunitarias, Cooperativas y Colectivas (Rerco), con las que el equipo del ACC trabaja en conjunto a través de un Proyecto de Desarrollo Teconológico y Social (PDTS). “Sostener el día a día en la radio es milagroso, desde lo económico, lo técnico y lo humano”, recordó haber escuchado en una de las primeras reuniones de trabajo del año. “Esta vez el intento de desguace de lo colectivo a partir de las decisiones del gobierno nacional es tal, que no da respiro. La sensación de ahogo y de incertidumbre hace que por momentos parezca que no hay salida”, lamentó.
En esa misma línea, la docente mencionó medidas concretas que afectaron de manera directa a las radios comunitarias, como la eliminación del Fomeca, la suspensión de la pauta publicitaria estatal, la interrupción del Programa Potenciar Trabajo, entre otras. “Las radios que integran la RERCO coinciden también en la preocupación por el ‘éxodo’ de colaboradores que se van porque tienen que buscar trabajos que les permitan llegar a fin de mes”, contó.
Por otro lado, también “quienes intervenimos en el campo de la comunicación comunitaria desde la Universidad nos encontramos en una situación de gran incertidumbre y precariedad”, dijo. “El recorte o interrupción de las convocatorias a programas y proyectos de investigación y extensión es solo una de las caras del desfinanciamiento de las universidades públicas. Ésto, sumado a la precariedad salarial, complica la continuidad de los procesos de apoyatura a las radios comunitarias, cooperativas y colectivas, y de la producción y socialización de conocimiento sobre medios comunitarios que venimos haciendo desde la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular (RICCAP)”, señaló Roquel.
Sin embargo, sostuvo, se sigue adelante “inventando alternativas”. En ese sentido, contó que junto a las radios de la Rerco y a la Agencia Radiofónica de Comunicación (ARC) de la FCEDU-UNER, trabajan en una campaña de visibilización mediática sobre la importancia de las radios comunitarias y de la comunicación como derecho humano, a través de spots radiofónicos. “En el trabajo que venimos sosteniendo en la UNER desde hace casi 20 años, seguimos encontrándonos con distintos grupos con iniciativa, convicción e interés en impulsar y sostener proyectos de medios de comunicación comunitarios, cooperativos, populares, en distintos puntos de la provincia, a quienes les interesa fortalecer la cultura local, propiciar la pluralidad de voces y aportar a la democracia comunicacional”, sostuvo y remarcó la necesidad de seguir demandando políticas públicas en este sentido.
Schneider, por su parte, durante su exposición puso eje en las dificultades que conlleva desarrollar hoy el programa La UNER en contextos de encierro, en el marco del cual la ACC lleva adelante propuestas destinadas al acceso a los derechos a la comunicación, la educación y la cultura para personas privadas de la libertad, desde 2005, sobre todo en las dos cárceles de Paraná: la Unidad Penal Nº6 Concepción Arenal, de mujeres y la N°1 Juan José O’Connor, de varones.
“Si bien las instituciones educativas y la ofertas de espacios de formación han crecido y se han consolidado en los últimos años, hay en la actualidad diversos obstáculos para el acceso a la educación universitaria en contextos de encierro y que en muchas jurisdicciones aún se encuentra limitado: uno de ellos es la conectividad”, expuso. En esa línea, aclaró que las personas privadas de su libertad ambulatoria, conservan otros derechos que son esenciales para su reincersión, como el derecho a la comunicación.
Asimismo, reconoció: “Nos preocupa y ocupa que las personas presas puedan transformar el tiempo de encierro participando en espacios que aporten a la integración y la justicia social, pero advertimos que desde los últimos meses hay que explicar por qué nuestro país ha avanzado en algunos derechos que nos dignifican”.
En este sentido, remarcó que “el Estado es responsable de la justicia social, de garantizar que las oportunidades lleguen a todos, se materialicen, y el aislamiento, como práctica de violencia a las personas que necesitamos vivir en sociedad, en las cárceles sólo resulta en más violencia, lo que desmorona la ilusión de volver a salir y construir un proyecto de vida futura alejado del delito”.
Audiencias Públicas
Con el foco puesto en profundizar el derecho a la comunicación, la libertad de expresión y el pluralismo, la 40° Audiencia Pública de la Defensoría del Público se extendió durante tres jornadas: el viernes 10 de mayo de 2024 en modalidad presencial en la Asociación Argentina de Actores y Actrices de la Ciudad de Buenos Aires; el lunes 13 de mayo de forma virtual para las regiones Buenos Aires, Noreste y Patagonia; y el miércoles 15, también en modalidad virtual, para las exposiciones de las regiones Noroeste, Cuyo y Centro -que integran Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe-.
En total, 229 personas organizadas en 182 grupos resultaron inscriptas para participar en la Audiencia Pública: 71 personas se inscribieron para la primera jornada, 74 para la segunda y 84 para la tercera.
Tal como indica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con las Audiencias Públicas la Defensoría del Público busca evaluar el funcionamiento de los medios audiovisuales de todo el país a través de instancias formales donde los reclamos y las propuestas ciudadanas se convierten en líneas de trabajo del organismo.