La Facultad de Ciencias de la Educación adhiere al comunicado del CIN y -a través de su equipo de gestión- repudia el accionar represivo que llevó adelante el gobierno nacional en la ciudad de Buenos Aires el 12 de marzo en el marco de las manifestaciones de las y los jubilados. Consideramos que esta represión atenta contra el legítimo derecho a la protesta establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales, pilar de la democracia que tanto nos costó recuperar y que sentimos la imperiosa necesidad de resguardar.
En el mismo sentido, nos solidarizamos con el reportero gráfico Pablo Grillo, quien se encuentra luchando por su vida tras la explosión de una granada de gas en su rostro en el momento en que registraba con su cámara la represión. Sostenemos que este ataque constituye un grave atentado contra el derecho a la comunicación y al trabajo periodístico y de las y los fotorreporteros, práctica que el gobierno nacional lleva delante de manera reiterada.
Lamentamos la estrategia de deslegitimar las protestas mediante la pretendida deshumanización de quienes participan en las mismas con calificaciones que solo apuntan a invalidar las demandas sociales y a fomentar la criminalización y la violencia contra quienes ejercen el derecho a protestar.
Asimismo, expresamos nuestra preocupación ante el rol de determinados medios de comunicación cuyos enfoques y cobertura de los acontecimientos buscan legitimar la violencia del gobierno nacional y atacar a quienes reclaman por sus legítimos derechos.
El atentado contra Grillo nos recuerda tristemente el asesinato del fotoreportero José Luis Cabezas el 25 de enero de 1997, durante el gobierno de Carlos Menem por haber fotografiado a una persona del poder empresarial y político, así como el asesinato del docente Carlos Fuentealba, el 4 de abril de 2007, cuando en un reclamo salarial de los docentes en Neuquén, un policía le disparó una granada de gas lacrimógeno que le produjo la muerte.
Como lo manifestamos en la Audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas en la que participamos el jueves 11 de julio de 2024 desde la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales, resulta preocupante el uso sistemático de la fuerza para reprimir protestas, las detenciones arbitrarias, el protocolo del Ministerio de Seguridad y la estigmatización de manifestantes y organizaciones sociales.
En el mismo sentido lamentamos los ataques específicos contra el colectivo de periodistas y fotorreporteros mientras cubren diversas protestas cuya más clara expresión es el disparo en el rostro del fotorreportero Pablo Grillo mientras ejercía su trabajo. Este accionar constituye una política de ataque a la libertad de prensa.
A pocos días de cumplirse 49 años del inicio de la última dictadura cívico-militar, lamentamos el desprecio que evidencia el gobierno nacional por las libertades ciudadanas y los derechos constitucionales y nos convocamos, una vez más, en defensa de la democracia.