Por: Dr. Alejandro Ramírez – Profesor Titular de la cátedra Políticas de Comunicación (FCEDU–UNER)
A 15 años de la sanción y promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual LSCA Nº 26.522/09, las lecturas posibles sobre el derrotero de lo sucedido con esta norma admiten múltiples aristas y numerosos enfoques. De todos ellos, concentraremos este breve análisis en el aspecto POLÍTICO de este proceso, sin que ello suponga desmerecer otros tan posibles y pertinentes.
Desde este punto de vista, se impone destacar lo inédito que resultó este proceso en la historia de la legislación argentina, y que se materializó en dos acciones hasta entonces impensables:
Por un lado, la iniciativa política de un gobierno como el de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) de asumir una demanda histórica de las carreras de comunicación, pero también de otros actores de la sociedad como sindicatos, pueblos originarios, organismos de DD.HH., estudiantes, periodistas, medios de comunicación comunitarios, etc., que consistía en reemplazar el decreto-ley 22.285/80 que había impuesto la última dictadura argentina, y que fuera empeorada posteriormente en democracia con la Ley de Reforma del Estado Nº 23.696/89 (Menem 1989-1995), que no sólo no modificó su carácter autoritario y desactualizado tecnológicamente, sino que además contribuyó a favorecer las ya escandalosas posiciones dominantes de los grupos mediáticos de entonces, y habilitó legalmente el camino de las privatizaciones de los canales de TV.
Por el otro, el inédito proceso de PARTICIPACIÓN de todos los sectores de la sociedad argentina a lo largo y ancho de la geografía de nuestro país en la redacción del proyecto que fue finalmente presentado el 18 de marzo de 2009 en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata. Este proceso participativo se desarrolló a través de 24 foros e innumerables Congresos, Seminarios y Presentaciones, donde se canalizaron y sistematizaron aportes que se materializaron en un proyecto de ley como nunca antes se había producido en la historia de la legislación argentina. Un proyecto construido democráticamente que por primera vez atendía a históricas demandas para regular el sistema audiovisual argentino bajo un estricto apego a los estándares internacionales de DD.HH. prescriptos por organismos multilaterales.
Si bien el texto de la LSCA reflejaba ese espíritu democrático (y democratizante), lo cierto es que su aplicación resultó escasa y con muy poca incidencia sobre el escenario fuertemente concentrado y altamente extranjerizado que presentaba entonces, y que al día de hoy se observa cada vez más agravado. Y esta de por sí insuficiente aplicación, comenzó a debilitarse seriamente con la llegada al gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), quien en menos de 2 meses desde su asunción al poder, promovió por sucesivos DNU el quirúrgico desguace de los principales artículos de la LSCA que afectaban los intereses de estos grupos mediáticos dominantes[1], y por los cuales la propia Ley había sido destacada como “modelo” a nivel mundial[2] por su carácter democrático, su impronta inclusiva y su sesgo anticoncentrador.
Al sustancial daño provocado por Macri sobre la LSCA, se añade la incapacidad (personal y de gobierno) de Alberto Fernández (2019-2023) para comprender la complejidad de los sistemas de comunicación (tanto del audiovisual y como de telecomunicaciones), a los que no dudó en definir como meros sistemas comerciales que -como tales- debieran estar regulados por las leyes económicas y no por leyes específicas. Ello no sólo demuestra la ineptitud y desconocimiento de un mandatario, sino además una temeraria acción de gobierno que -por omisión- consolidó y profundizó el esquema concentrador del sistema audiovisual y telecomunicacional argentino.
Las penurias de la LSCA no finalizaron allí, sino que también Javier Milei (2023 y actual) a través del DNU 70/2023[3], profundizó el vaciamiento de la LSCA al definir como “industria” a la comunicación, al promover la transformación de las empresas del Estado en S.A., al eliminar los topes de multiplicidad licencias (por ejemplo la titularidad de un cable y de una licencia de TV abierta) en un mismo prestador, y favoreciendo la concentración al eliminar la no concurrencia de servicios, a través de la cual la LSCA impedía que un mismo titular acumulara licencias de varios tipos de servicios (TV abierta, satelital, cable, internet, etc.), entre otras medidas igualmente antidemocráticas y que afectan seriamente el DD.HH. a la comunicación en nuestro país.
En síntesis, una lectura política de estos 15 años de la LSCA permite constatar que la COMUNICACIÓN (lejos de ser un tema secundario o de escasa relevancia), es la principal -y prioritaria- preocupación oficial[4] de todo gobierno. Y puntualmente en el caso de Macri y Milei, esta centralidad no sólo se verifica en el “apuro” expresado en días (ni siquiera meses), sino además en la elección de una herramienta legal como los DNU’s (cuya “necesidad y urgencia” además de no ser explicitadas, impidieron a la vez el democrático debate en el ámbito parlamentario, o la participación social que le dio origen a la LSCA), con los que profundizaron las condiciones para la consolidación de un modelo audiovisual y telecomunicacional concentrado y extranjerizante, donde el rol del Estado se reduce a garantizar regulaciones que lo protejan y promuevan bajo las reglas del mercado, y no en torno a una comunicación basada en los estándares internacionales de los Derechos Humanos.
[1] Por ejemplo: Creación del ENACOM como autoridad de aplicación de la LSCA, con mayoría de integrantes propuestos por el PEN (lo que invalida su carácter democrático), la eliminación de los cables como sujetos de aplicación de esta ley y la restricción cruzada entre servicios de comunicación audiovisual y telecomunicaciones, el permiso para transferir y vender licencias sin intervención del Estado, el incremento de licencias en manos de un mismo propietario, etc.
[2] Entre otros, tal era la postura del entonces Relator de la ONU para la Libertad de Expresión Frank La Rue.
[3] “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, DNU 70/2023, Bs. As, 20-12-2023
[4] Lo que se deduce fácilmente al observar que las intervenciones oficiales vinculadas a los sistemas de comunicación se hallan entre las primeras medidas de gobierno, y al inicio de cada uno de ellos.