La violencia de género no nació con el actual aislamiento preventivo sanitario, pero recrudeció el modo en que funciona el mecanismo de control social sobre las mujeres, lesbianas, travestis y trans. Publicado en Revista Riberas.
Por Luciana Basso* | Ilustraciones: Catalina Iriarte**
Una de las últimas veces que pude verme y abrazarme con amigas y compañeras fue en la calle, previo al aislamiento social obligatorio que se dictó de forma preventiva frente a la pandemia del Covid-19. Aquel domingo 8 de marzo nos autoconvocamos en las puertas de los Tribunales de la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, con la carne de gallina y el horror en nuestras voces y rostros. Habían encontrado el cuerpo de Fátima Acevedo y lo anunciaban como una más. Una cifra que desde los registros da cuenta de forma casi indolente de cómo trepa la violencia hacia las mujeres, travestis y trans en nuestro país.
Si nos asomamos a la problemática de la violencia machista en la región, encontraremos que no es una preocupación nueva aunque la coyuntura actual de confinamiento obligatorio la coloque en la agenda de los debates.
La aparición de los estudios de género en el campo de las Ciencias Sociales y su encuentro necesario con la interdisciplinariedad y con el creciente impacto, que en tanto apuesta política tiene el feminismo en el mundo, enfoca el problema de la violencia contra las mujeres desde otros parámetros, descentrándolo de la esfera privada. Como sostenemos en Firpo y otras (2019), siguiendo a Sagot Rodríguez (2008), en el proceso de descentramiento de la violencia hacia las mujeres como cuestión privada, el feminismo apeló a una vertiente fundamental: ubicar esa violencia como un problema de poder. Es decir, como producto de un sistema estructural de opresión de género. Es cierto que la relación entre violencia y poder había sido planteada con anterioridad en el campo de las Ciencias Sociales, pero la diferencia estriba en haber vinculado la violencia con la subordinación de género, algo que existe en todas las sociedades.
Si bien, la violencia de género es un fenómeno global que trasciende límites de edad, estatus socioeconómico, nivel educativo y situación geográfica, suele ser un factor que no discrimina datos entre las mujeres. Es decir, es el mote de “las idénticas” al decir de Celia Amoros, las vulnerabilizadas. Al mismo tiempo, la atención que se le ha prestado al problema en la coyuntura sanitaria (aunque paradójica), podría posibilitarnos elevar a conciencia teórico-reflexiva lo que nos ha enseñado una instructiva (y dolorosa) experiencia práctica.
Esto viene a sustentar la idea que quiero compartirles. Esta situación que se nos presenta al momento de cerrar este artículo -137 femicidios en lo que va de 2020- no es casual, ni coyuntural, sino que sostiene un estado de cuestiones que se visibilizan con contundencia. Ahora que han parado el mundo, pero no nos podemos bajar.
UNA MIRADA FEMINISTA EN AMÉRICA LATINA
Desde que se impuso el aislamiento el 20 de marzo hasta la actualidad, se produjeron en total 55 femicidios según los datos relevados por la organización Ahora que sí nos ven. La situación del encierro ha venido a confirmar crudamente algo que desde el feminismo ya sabemos: que el lugar más peligroso es la casa y que la mayoría de los agresores son nuestras parejas y ex parejas.
ONU Mujeres alertó en un informe de que en este contexto de emergencia «aumentan los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente violencia doméstica, debido al aumento de las tensiones y el aislamiento de las mujeres». Paralelamente, señala que las personas sobrevivientes de violencia pueden enfrentar obstáculos adicionales para huir de situaciones violentas o para acceder a órdenes de protección y/o servicios esenciales que pueden salvar vidas, debido a factores como las restricciones de la circulación y la retracción de algunos servicios.
En la Argentina actual, donde se gestó el movimiento Ni Una Menos que ha protagonizado multitudinarias movilizaciones desde 2015, el Gobierno nacional reforzó el personal para la atención de la línea telefónica gratuita destinada a denuncias por violencia basada en el género (Línea 144). Y reconocen que, desde entonces, hubo un 30% más de llamados. Por su parte, la Red Nacional de Refugios (RNF) confirmó que en las últimas tres semanas hubo un incremento del 5% en ingresos de mujeres y diversidades, y del 60% en las consultas para orientación a través de llamadas telefónicas, redes sociales o correo electrónico (datos de UFEM 2020). Estos refuerzos de los servicios de asistencia telefónica o virtual, y la mayor difusión a las campañas de concientización, es un modo de hacer notar la preocupación por el aumento de casos de varios países de Latinoamérica, donde los altos niveles de violencia se registraban desde mucho antes que la COVID-19. A su vez, el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina lanzó la campaña «Barbijo rojo» en coordinación con las farmacias de todo el país. Si una víctima de violencia llama o se presenta en una farmacia y solicita un barbijo rojo la ayudarán para que se contacte con las fuerzas de seguridad. La iniciativa fue puesta en funcionamiento tomando el ejemplo de una de las medidas puesta en marcha por el gobierno de las Islas Canarias, en España. Las mujeres en peligro pueden ir a la farmacia y pedir una «Mascarilla-19″ para alertar al personal de que necesitan ayuda.
Mientras tanto, el Ministerio de la Mujer de Chile también publicó un Plan de Contingencia que busca resguardar a las mujeres que están expuestas durante la cuarentena, «ya que podría aumentar el riesgo de sufrir situaciones de violencia por parte de sus parejas o convivientes» según expresan en un comunicado a la prensa.
El gobierno chileno ha reforzado con más turnos el teléfono de atención, que asegura contención y orientación 24/7 de las usuarias. A su vez pondrá en práctica una nueva modalidad para que las mujeres puedan comunicarse de manera «silenciosa» –es decir, segura– a través de WhatsApp o mensajería de texto mientras conviven con su agresor.
En Colombia, también se han tomado medidas similares. La Secretaría de la Mujer anunció el fortalecimiento de la línea de atención a mujeres. La llamada línea púrpura, a través del número gratuito o del WhatsApp, presta asesoría y protección las 24 horas, los siete días de la semana. Sin embargo, si una mujer se encuentra en una situación en la que su vida peligre debe llamar al 123 de la policía.
Por su parte, el gobierno uruguayo también ha engrosado las líneas de ayuda por violencia. «Sabemos que en estos días en que permanecemos más tiempo en casa aumentan las situaciones de riesgo para las mujeres», publicó el Ministerio de Desarrollo Social. Las mujeres que están viviendo una situación de violencia en Uruguay tienen a su disposición el servicio telefónico de orientación que es gratuito, confidencial, de alcance nacional y funciona los 365 días del año. En una situación de emergencia, hay que llamar al 911.
Mientras que en México está disponible el teléfono general de atención de emergencias 911 para las mujeres que necesitan ayuda. Sin embargo, en un país donde diez mujeres son asesinadas al día, ONG como la Red Nacional de Refugios hizo un llamado a «crear redes de apoyo» para las mujeres, «así como un plan intersectorial de contingencia para prevenir, controlar y minimizar estos riesgos desde un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad».
En tanto en Perú, «todos los integrantes de la familia que observen algún indicio de violencia, deben llamar a la #Línea100 para pedir apoyo y orientación», según difunde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En Venezuela las redes sociales dan cuenta de su viraje a convertirse en el espacio por excelencia para socializar situaciones de riesgo, pedir auxilios y contención.
Si bien es muy pronto para saber si las medidas serán efectivas, este tipo de acciones, que algunos de los gobiernos de nuestra región han diseñado para atender la coyuntura por el confinamiento obligatorio, necesariamente deberían poner atención en las condiciones que potencializan la vulnerabilidad a la que las mujeres, lesbianas, travestis y trans estamos expuestas: la precariedad económica transversal, la edad y las expectativas de vida, las condiciones de la salud sexual, la condición de migrante o desplazada, la condición de discapacidad, la privación de libertad, el origen étnico-racial, la orientación sexual, identidad y/o expresión de género, entre otras.
Este tipo de atención a la problemática no será posible en tanto y en cuanto sigamos con una Ley Nacional, como lo es la Nº 26.485, reglamentada sólo parcialmente y con presupuesto exiguo para llevarla adelante; con una Ley Brisa que estipula una asignación por orfandad a los hijos e hijas de las mujeres asesinadas que en el 90% de los casos no es percibida por esas infancias. En algunos de ellos, no es otorgada porque las causas judiciales se caratulan como “homicidio” en vez de “femicidio o feminicidio”, y ni pensar en el seguimiento y el monitoreo de salud que la misma establece (Peker2020). Otro tanto en relación a la Ley Micaela, y las inespecificidades vistas respecto del cumplimiento del objetivo de la capacitación en perspectiva de género, lo que hablita a que sea tomada en algunos espacios “para la foto”. La institucionalidad en general, garante de derechos, necesita conocer estas situaciones para transformarlas.
DESCENTRAR EL PROBLEMA DE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO
Tantos años de lucha por descentrar el problema de la violencia de género del mundo de lo privado, nos ha enseñado que ése es sólo el escenario condensado de un teatro mucho más amplio, que abreva en las estructuras de una sociedad profundamente patriarcal. Lejos de perder intensidad, se renueva en nuevos pactos con el mercado, con el capitalismo y hasta con el poder estatal, en tanto figura garante de derechos.
En este mismo sentido, hay un dato que aporta la estadística de nuestro país que es imprescindible señalar: el de las mujeres asesinadas en Argentina durante la cuarentena obligatoria. 1 de cada 5 había realizado denuncias previas o había transitado por los pasillos de los dispositivos estatales que atienden la violencia de género (datos relevados por el observatorio Ahora que sí nos ven). De esos 55 crímenes, el 75% ocurrieron en la vivienda de la víctima, y en un 68% los agresores son parejas o ex parejas de las víctimas.
Como sostuvimos en el V Encuentro de Investigadorxs de la Región Litoral sobre Problemáticas de Género, el problema se presenta como un auténtico síndrome, en tanto conjunto de fenómenos que caracterizan una situación. Esta incluye todas aquellas agresiones sufridas por las mujeres como consecuencia de los condicionamientos socioculturales que actúan sobre varones y mujeres, (Firpo y otras 2019) y que se manifiestan en los distintos ámbitos de relación de la persona; razón suficiente para colocar la problemática en coordenadas políticas más profundas, que exceden la situación de la cuarentena obligatoria, aunque la incluya. La consideración de la violencia contra las mujeres como problema social, implica no sólo su visibilización sino también una nueva forma de abordar su explicación y apuntar los esfuerzos a su erradicación.
Si desde un falso análisis como problema individual se entendía esta violencia como consecuencia de alguna situación o circunstancia particular, como puede ser el aislamiento, desde su consideración como problema social pasa a comprenderse en clave de relaciones sociales basadas en la desigualdad, base de la estructura patriarcal. De allí que los feminismos se hayan instituido, como el motor impulsor de un doble proceso: por una parte, la deslegitimación de la violencia contra las mujeres; por otra, la elaboración de un nuevo marco interpretativo en la configuración de esa violencia como problema social.
LOS RASGOS QUE ETERNIZAN LA DESIGUALDAD
Lo que vengo sosteniendo en relación al problema de la violencia, exige además que llamemos por su nombre a las características, normas culturales y el papel de la socialización de género en la conducta sobre el tipo de hechos que estamos analizando; y que no nacen con la cuarentena ni se terminan con ella. La violencia funciona como un mecanismo de control social de las mujeres, lesbianas, travestis y trans y sirve para reproducir y mantener el statu quo de la dominación masculina. Es ya innegable que los mandatos culturales, y a menudo también los legales, sobre los derechos y privilegios de los roles masculinos, los han legitimado históricamente promoviendo incluso la independencia económica, la garantía del uso monopólico de la violencia y de las amenazas para controlar las relaciones afectivas y familiares. Han hecho que identifiquemos la perpetuación de la situación de dominación como el eje sobre el que gira la violencia machista.
El sexismo, que está presente en todos los aspectos de la vida, desde la guardería hasta la universidad, desde los cuentos en la infancia hasta los libros de texto, en la música, en las películas, los programas de televisión, la religión y en la propia familia, sigue enseñando a niños, niñas y niñes, a perpetuar los roles machistas. Son esas mismas normas sociales las que minimizan el daño producido y justifican las acciones violentas, por medio de la patologización de las conductas, atribuyéndolas a trastornos psicológicos del violento o incluso de su víctima. Argumento que se cae fácilmente al constatar que por mucho que existan problemas de estrés, de abuso de sustancias o de personalidad, curiosamente la violencia sólo se ejerce sobre las mujeres, o sobre una mujer en particular. En cambio, no existen análogos en relación al propio género: un amigo, un conocido o un jefe.
La conducta violenta se produce y reproduce como patrones de comportamientos aprendidos y transmitidos de generación en generación, y su transmisión se hace fundamentalmente en los ambientes habituales de relación persona a persona, pero no únicamente. Por eso, ahora que el aislamiento obligatorio ha hecho que aumente la visibilidad de la violencia de género, necesitamos interpelar fuertemente a otros espacios, como los educativos, los medios de comunicación e incluso los estatales, que desde sus prácticas institucionales refuerzan modelos estereotipados y sexistas, que pueden incluir estrategias tan sutiles como el lenguaje.
Otro aspecto que me parece importante destacar es que la violencia contra las mujeres es además instrumental. El poder masculino y la subordinación femenina, que es un rasgo básico del patriarcado, requiere de algún mecanismo de sometimiento: la violencia es el modo de afianzar ese dominio.
Siguiendo a Segato (2018), se puede señalar que si observamos los crímenes contra las mujeres que marcan el presente y buscamos entender qué expresan, qué dicen y qué ocasionan, podremos observar su fuerte conexión histórica. “…Así como comprender la historia del patriarcado es entender la esfera pública y del Estado, de la misma forma, entender las formas de violencia de género hoy es entender la sociedad como un todo” (Segato, 2018:105). La autora recurre a la figura pictórica de pirámide invertida de acróbatas en los circos, donde se superponen las hileras de equilibristas hasta armar un edificio de pies a cabezas, estrato por estrato. En la base, sustentando toda la pirámide, yacería el cuerpo de una mujer. Esa imagen explicaría, a su criterio, por qué es tan difícil sacar a la mujer del lugar de la subordinación, cosificación, trata y desmembramiento mediático, aun cuando se haya avanzado en la visibilización y transformación de distintas formas de opresión. Ilustra sobre un edificio cuyo material está formado por la amalgama de las corporaciones y el Estado. Por alianzas corporativas (lícitas e ilícitas), así como por agentes que aducen “razones de Estado” y que son en realidad “razones de empresa”. La autora invita a colocar así “…el gueto de la mujer como cimiento y pedagogía elemental a todas las otras formas de opresión y subordinación: racial, imperial, colonial, de clase, etc.” (Segato, 2018: 107) La violencia no sería, por tanto, solo una causa de desigualdad, sino que también es consecuencia de ella. En muchos espacios por los que trascurren las vidas de las mujeres, lesbianas, travestis y trans, la violencia basada en el género se ve reforzada por leyes discriminatorias y normas sociales excluyentes que socavan la independencia y las oportunidades de las personas.
El sistema universitario no escapa a la situación que estamos analizando. Por esa razón, desde hace años trabajamos incansablemente creando espacios y áreas de género, cátedras, secretarías y protocolos para garantizar vidas y universidades libres de violencias.
Sin embargo el contexto agravado que transitamos también requirió que las Universidades Nacionales que formamos la Red Universitaria de Género (RUGE-CIN) nos posicionemos[1] refiriendo que “sabemos que los hogares siguen siendo los lugares más inseguros para las mujeres y disidencias sexuales, que más del 60% de los feminicidios y/o travesticidios fueron cometidos por la pareja o ex pareja de las víctimas” y agregamos un señalamiento no menor cuando recordamos “que nuestras universidades son espacios donde la producción y reproducción de la violencia de género opera a través de la discriminación sexista y el acoso sexual como variantes principales. Es por eso que, como mujeres y disidencias, como universitarias, nos pronunciamos con preocupación sobre la problemática”.
Como lo mencionábamos en ese momento, continuamos exigiendo “medidas de urgencia junto con políticas públicas integrales y de calidad que garanticen los derechos de las mujeres y disidencias” donde urge la implementación de la Ley nacional N° 26.485, la Ley Nacional Brisa y la Ley Nacional Micaela. Desde el equipo de Autoridad de Aplicación, y los Equipos locales de Referentes del “Protocolo de actuación de las expresiones y acciones discriminatorias basadas en las violencias sexistas en el ámbito universitario” de UNER, hemos puesto a disposición, oportunamente, una Caja de Herramientas con diversos contenidos e información que empodere a nuestra comunidad universitaria al momento de solicitar ayuda y/o asesoramiento, profundizando y acercando las vías de comunicación entre los equipos y las mujeres y disidencias para el acompañamiento virtual ante denuncias, consultas e inquietudes frente a situaciones de violencia.
La virtualidad no debe ir en desmedro de la protección integral de las mujeres y disidencias, por eso la adecuación a este escenario también ha reforzado la presencia en redes y portales de todas las unidades académicas, con materiales de sensibilización referidos a diversos aspectos de las violencias basadas en el género, que a su vez, incorporan vías de contacto de los equipos de intervención y asesoramiento que se disponen en el ámbito estatal en las ciudades entrerrianas donde UNER tiene sedes académicas y administrativas. A su vez, la mayoría de los equipos locales de UNER, no solo se han hecho eco de la difusión de esos materiales, sino que han diseñado estrategias propias para difundir el acompañamiento virtual. Estamos convencidas de que debemos fortalecer las redes de apoyo, la contención y nuestra presencia del modo que sea posible, para que las mujeres, lesbianas, travestis y trans que integramos la comunidad universitaria, podamos sentir que tenemos derecho a una vida libre de violencias.
Al comienzo de este texto, decía que abracé a mis amigas y compañeras por última vez en la calle en un pedido de justicia por el asesinato de otra mujer. En ese acto profundamente político pudimos escuchar su voz diciendo: “quizás una vez muerta hagan algo”[2]. Esa fuerte interpelación al Estado y a la ciudadanía nos conmovió porque quienes trabajamos en violencia, sabemos que los caminos a desandar por las mujeres, lesbianas, travestis y trans que son víctimas de género (y que llegan a poder denunciar), son un verdadero laberinto burocrático en el que puede importar más cumplir con lo que define el protocolo de acciones que con preveer todos los mecanismos de protección posibles para garantizarle seguridad a una persona. La emergencia por Covid-19 exige que renovemos fuerza y creatividad, en primer lugar, para que las personas que estén atravesando tanto una nueva situación de violencia de género como para aquellas que deban permanecer encerradas con su agresor, estén acompañadas, contenidas y escuchadas. Y por otro lado, hacer notar que la violencia de género que se recrudece o se expresa de un modo más severo durante el período de cuarentena obligatoria, es anterior a la misma y obedece a un modelo social que necesitamos sacudir, desterrar. Seguramente harán falta muchos más esfuerzos institucionales y ciudadanos para hacerle frente cuando el confinamiento pase. En tanto, partícipes de esa ciudadanía, no podemos seguir invisibilizando las interseccionalidades que cruzan a las violencias, como así tampoco, podemos darnos el lujo de demorarnos en brindar respuestas porque la sociedad que viene necesita ser diferente a ésta en la que una mujer es asesinada cada 23 horas.
*Luciana Basso es Licenciada en Comunicación Social, docente e investigadora FCEDU/FTS -UNER. Autoridad de Aplicación del Protocolo de Actuación de las Expresiones y Acciones Discriminatorias basas en las violencias Sexistas en el ámbito universitario de UNER. Representante de UNER ante la RUGE-CIN.
**Catalina Iriarte es ilustradora. Estudia Comunicación Social en la Facultad de Ciencias de la Educacional de la UNER.
[1] Posicionamiento redactado por el Euipo de la UNER y publicado como RUGE el 30 de marzo de 2020
[2] Palabras textuales que hacen referencia a las declaraciones que realizó Fátima Acevedo a su círculo social íntimo, previo su feminicidio. Su cuerpo sin vida fue encontrado en domingo 8 de marzo en unos terrenos baldíos a las afueras de la Ciudad de Paraná, Entre Ríos.
Fuente: Revista Riberas