El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER manifiesta su preocupación por las políticas comunicacionales del gobierno nacional y el modo en que las mismas afectan los derechos democráticos en general y a la comunicación e información públicas en particular. En el mismo sentido se expresa en relación al deterioro que, en este marco, están sufriendo los derechos laborales en el campo, afectando directamente a egresados/as y estudiantes de nuestra institución.
El Gobierno dispuso a través del DNU 70/2023 del 20 de diciembre del año pasado la conversión de sociedades del Estado en sociedades anónimas y con el DNU 117/2024 del 5 de febrero de este año, la intervención de los medios públicos. Fueron los pasos iniciales para poner en marcha su proceso de privatización, vaciamiento o cierre, que continúa avanzando.
En ese marco, en la medianoche del 4 de marzo el Gobierno ordenó el cierre de Télam, la mayor agencia estatal de noticias de América Latina, valló su edificio y dispensó a sus más de 770 empleadas y empleados, incluidos los corresponsales de Entre Ríos. Paralelamente, lanzó un plan de despidos encubiertos como retiros voluntarios, que ya alcanzan a alrededor de la mitad de la planta.
El 21 de mayo, la intervención cerró las redes sociales y los sitios web de las 49 emisoras de Radio Nacional -salvo la de Buenos Aires-, en lo que llamó un “proceso de reorganización”, frase que remite a lo más oscuro de nuestra historia reciente y que incluyó, el 8 de julio, la supresión de la programación local de la primera mañana para retransmitir la porteña. Al mismo tiempo, el 16 de julio se abrió un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas para las radios nacionales y la TV Pública, nucleadas en Radio y Televisión Argentina (RTA).
Todas estas situaciones han generado un clima de tensión, incertidumbre y angustia, principalmente entre las 110 personas que trabajan en radios nacionales de Entre Ríos: LT14 Gral. Urquiza de Paraná, LT11 Gral. Ramírez de Concepción del Uruguay y LRA42 de Gualeguaychú. Las trabajadoras y los trabajadores ven amenazados sus puestos laborales y atraviesan un proceso de silenciamiento y deterioro salarial, agravados por la quita de horas extra que permitían generar información local los fines de semana y feriados.
El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER manifiesta su preocupación por estas políticas del gobierno nacional que son contrarias al derecho a la comunicación y la libertad de prensa.
Concretamente, además de la progresiva disolución de políticas que fomentaban el desarrollo de la comunicación comunitaria como un derecho humano -la disolución del programa de Fondo de Fomento Concursable de Medios de Comunicación (FOMECA) y el cierre de las oficinas del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), entre otras-, se sumó recientemente el desalojo por parte de la Municipalidad de Gualeguaychú de la radio cooperativa Inclusión, que funcionaba desde hacía 10 años en un local de la vieja Terminal de Ómnibus de la ciudad cedido en comodato. Este hecho ocurrió al mismo tiempo que, dos semanas antes, el Concejo Deliberante de la misma ciudad declaró de interés municipal el Encuentro de Radios Comunitarias de la Red Entrerriana de Radios Comunitarias y Cooperativas (RERCO) que tuvo lugar en la sede de la radio Inclusión y que formó parte de las actividades promovidas y acompañadas desde la UNER a través del Proyecto de Desarrollo Tecnológico (PDTS) Radios comunitarias: estudio e intervención para la sustentabilidad, que llevamos adelante desde 2021. Dicho desalojo dejó a la ciudad de Gualeguaychú sin ninguna radio de estas características que, por su carácter de ser sin fines de lucro, pueda prestar un fin social y garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación por parte de la ciudadanía.
Por otra parte, nos hacemos eco también del comunicado emanado de la Federación Argentina de Radios Comunitarias (FARCO) y la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA) que involucra a las radios Barriletes y Sapukay de nuestra provincia, a través del cual reclaman al gobierno nacional el pago de una deuda que desde el año pasado tiene con las radios en concepto de desembolsos correspondientes a FOMECA y otros. No sólo que estos fondos han dejado de concursarse, sino que además el gobierno nacional adeuda montos correspondientes a erogaciones autorizadas a realizar a las emisoras el año pasado, lo cual agrava el problema económico de las radios.
Sin radios comunitarias, no hay democracia comunicacional posible.
Asimismo, la situación también es preocupante en los medios privados de la provincia, donde se han acentuado las condiciones de flexibilización e informalidad laboral, la fuerte depreciación de los salarios en el contexto inflacionario y los casos de despidos, retiros voluntarios y pago de sueldos atrasados y en cuotas.
Un relevamiento realizado en mayo de 2024 por la agrupación Trabajadorxs Agrupadxs de la Comunicación de Entre Ríos (TACER) que recogió respuestas de periodistas de Paraná y de otras localidades de la provincia, da cuenta de que más del 70% de las y los periodistas tiene más de un trabajo y casi el 60% cobra menos de 550 mil pesos por su labor, lo que los ubica muy por debajo de la canasta que determina el índice de pobreza, calculada en 828 mil pesos en junio de 2024.
El 75% de los consultados no logra reunir 700 mil pesos mensuales con sus empleos o emprendimientos. Y de ese total, el 26% no alcanza los 250 mil pesos por mes. Se agrega como agravante que entre los consultados, el 45% debe pagar alquiler. Esta primera parte del relevamiento que fue presentado el 7 de junio de 2024 en la Facultad de Ciencias de la Educación, permite conocer que de las personas que respondieron dos tercios trabajan en relación de dependencia, un tercio como freelance/autónomo y un 20% en un espacio autogestionado.
Como Consejo Directivo de esta casa de estudios formadora de comunicadores y comunicadoras y con fuerte compromiso social con su comunidad, se expresa la profunda preocupación por la dramática situación que atraviesan todos los medios de comunicación de la provincia, sus trabajadores y trabajadoras, así como por el evidente retroceso general en materia de derechos que afecta a nuestra sociedad.